Por:
César I. Falla Figueroa*
Según la nueva ley
universitaria, precisa que solo las carreras universitarias que estén
acreditadas, podrán otorgar títulos, las que no cuentan con la aprobación del Sistema
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa
(SINEACE), solo entregaran los títulos a nombre de la propia universidad; así
de firme y contundente es la nueva legislación que regirá los máximos centros
de estudios superior.
La nueva ley universitaria,
en nuestro país es un tema de enorme trascendencia para los intereses
nacionales, que amerita una importante reflexión de parte de sus actores políticos,
académicos y sociales, en donde cada uno se le brinde el espacio necesario para
que sea escuchado y que su participación sea valorada y así poder llegar a
consensos que le dé la legitimidad necesaria a la norma; la universidad tiene
que ser preocupación de todos, ya que nos referimos al destino del futuro del
Perú.
La creación de la
Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEU), adjunta al
Ministerio de Educación, es una de las medidas más simbólicas de esta polémica
legislación. Órgano que se encargará de supervisar la calidad de la educación
superior, fiscalizar el uso de los recursos y evaluar el ingreso de nuevas casas
de estudio. Hecho que dejaría en un segundo plano (por decir lo menos), la
autonomía universitaria.
Tal vez sea en parte una
buena iniciativa la conformación de dicha superintendencia, pero para que tenga
el peso institucional que corresponde, necesitamos una mejora sustancial en la
cartera de educación, puesto que por décadas deja mucho que desear su accionar,
a pesar de los avances que se han dado en los últimos tiempos, la educación
básica regular aún tiene un bajo nivel; sino fijémonos en los informes de la
Prueba Pisa 2013, que nos catapulta como los últimos en calidad educativa en el
planeta. Cabe señalar que el SUNEU, estará conformada por nueve integrantes: un
representante del Ministerio de Educación, un representante del Centro de
Planeamiento estratégico, un representante del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, dos representantes de universidades públicas, dos representantes de
universidades privadas, un miembro de colegios profesionales y un representante
del sector empresarial.
La promulgación de la ley
universitaria, tendrá un impacto importante en esta sociedad estudiantil, en el
sentido que en la actualidad la acreditación es voluntaria, pero con la nueva
norma, la acreditación es obligatoria. Esperemos que el eventual nacimiento de
esta ley, motive la preocupación de nuestras universidades para que cumplan con
esta relevante condición que a mi juicio me parece saludable y que confió
apunta a la excelencia académica a la que toda universidad debe aspirar.
Otro cambio determinante en la vida de
nuestros universitarios, es que para obtener un bachillerato, se deberá
presentar una tesis de investigación, lo que antes se lograba con la
culminación de la carrera universitaria y el procedimiento administrativo
respectivo. En tanto que para obtener una licenciatura o titulación, se tendrá
que presentar una segunda tesis, presentar un trabajo de suficiencia
profesional o llevar un curso de actualización profesional, además de demostrar
el conocimiento de un idioma extranjero o una lengua nativa. Un acápite
atinado, pero hubiera sido conveniente ser más riguroso en la norma, definiendo
la obtención de la titulación, solo por tesis; ya que esto elevaría sustancialmente
el nivel de investigación científica, que tanta falta hace en nuestro país.
Hay mucho por hacer y hay grandes desafíos
por asumir en la universidad pública, necesitamos desechar a aquellos docentes
y estudiantes que se enquistan en sus cargos y que se aprovechan de su
condición como representantes estudiantiles, para su propio beneficio, sin
pensar en el beneficio de esta trascendental institución. Necesitamos que los
estudiantes eternos sean erradicados de estos lugares, el Estado no puede
subsidiar la larga permanencia de estas personas, que parasitan en estos espacios;
sin producir y que lamentablemente marcan el retraso de estos centros de
estudio. Necesitamos que los planes curriculares se renueven constantemente, y
para ello las facultades y escuelas necesitan docentes con total apertura y con
una visión a largo plazo, que no cierren las puertas a estos históricos procesos,
que solo buscan promover una mejor formación humanista y académica en nuestros
estudiantes.
El espíritu del desarrollo de la norma, debe concebir
a la universidad, no como una fábrica productora de máquinas humanas al
servicio de las empresas sino primordialmente al servicio del desarrollo del
país en su conjunto. Ese es uno de los principales derroteros y en la cual
todos los involucrados en este tema deben tener muy presente. Los tiempos de
hoy, necesitan de universidades que apuesten decididamente por formar una nueva
generación, consciente del papel que le toca desempeñar. Saludo la preocupación
del primer poder del Estado, frente a los cambios fundamentales que tienen que darse
en estos templos del saber; pero esta reforma institucional, necesita de un
mayor debate en el que todos sumen y en el que la universidad peruana sea la
única beneficiada. El Perú requiere de una universidad que este a la altura de
los retos que nos depara el mañana y en ese sentido tenemos que conducirnos en
un mismo horizonte. El presidente Humala, está llamado a liderar este proceso. La
hora actual, así lo exige, no perdamos esta extraordinaria oportunidad.
*Licenciado
en Ciencias de la Comunicación
www.cesarfalla.com
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